Inmigración en España

Noticia breve

3 de junio de 2003

Una patera con 12 personas ha naufragado frente a las costas de Fuerteventura en la madrugada del día 3 de junio al ser interceptada por una patrullera del instituto armado. El día anterior fueron interceptados 66 inmigrantes marroquíes en la costa de Motril (Granada), todos ellos indocumentados. Noticias como estas son habituales en los medios de comunicación españoles.

En respuesta a los problemas que la llegada de inmigrantes sin papeles supone, ya está en marcha la reforma de la Ley de Extranjería, la cual deja claro que el inmigrante es mano de obra, por ello la concesión de cualquier permiso de residencia temporal estará sujeto a que el extranjero tenga trabajo legal, incluso si la solicitud de residencia es por motivos humanitarios, circunstancias excepcionales o por arraigo.

Se perseguirá, además de a las mafias que se lucran con la inmigración clandestina, a quienes favorezcan la ilegalidad "individualmente" y se sancionará a las empresas de transporte que incumplan la obligación de proporcionar a la autoridad española el listado de los extranjeros que desplace. 

Comentario

Réquiem por el paisaje

por Josefa Gómez Fayrén, Universidad de Murcia

La palabra inmigración en España es asociada a la de inmigración extranjera, y más concretamente a la económica procedente de “terceros países”, conjunto que incluye a las naciones menos desarrolladas. Al tratarse de una migración externa su manifestación en el lugar de destino depende de la legislación, de manera que la acepción ilegal, le añade que se encuentra fuera del ordenamiento jurídico o de los requisitos exigidos para el establecimiento de su residencia en el país. Esta circunstancia que deja fuera de la legalidad a muchos extranjeros por el simple hecho de no tener concedido permiso de residencia, ha motivado la aparición de una variada terminología para designar al colectivo: inmigrante ilegal, irregular, sin papeles, indocumentado, clandestino, etc.

La inmigración irregular y clandestina, generalizada ya desde mediados de los años ochenta en España, ha sido la forma mayoritaria y tradicional de entrada en el país. La condición legal no es una característica estructural que distinga a un inmigrante de otro de manera permanente sino que, para la mayoría de ellos, la legalidad ha sido un estado inestable y transitorio, en el que se entra y se sale con facilidad, de ahí que sean muchos los inmigrantes regulares actuales que han sido irregulares en algún momento de su historia migratoria.

Los intentos por acabar con la situación de irregularidad se han sucedido desde 1985 en que se produce el primer Proceso de Regularización de Extranjeros en España, tras éste la Proposición no de ley relativa a la situación de los extranjeros, adoptada por el Congreso de Diputados en Abril de 1991, fijó las líneas básicas de la política migratoria en nuestro país, señalando la necesidad de regular la llegada de inmigrantes de forma gradual e instando al Gobierno a tomar la iniciativa en la canalización y organización de los flujos de inmigración legal, en función de las necesidades de mano de obra de la economía española y de la capacidad de absorción de la sociedad. Esta proposición no de ley tuvo como resultado el segundo Proceso de Regularización de Junio del 91; en 1996 tuvo lugar el tercer proceso especial de Documentación  de extranjeros en situación irregular ordenada por el Real Decreto 155/96 y el año 2000 daba comienzo el cuarto Proceso de Regularización de Extranjeros y su corolario la Regularización por Arraigo. Simultáneamente, a lo largo de este tiempo el desarrollo de una política activa de inmigración a partir de 1990 por parte de los poderes públicos, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, tuvo como consecuencia el establecimiento de contingentes máximos anuales de trabajadores extranjeros, para ocupar las demandas no atendidas por el mercado de trabajo nacional, a fin de ordenar la afluencia de inmigrantes, que han resultado ser mecanismos de regularización no declarados. De este modo durante los últimos años los trabajadores extranjeros han podido regularizar su situación a través de los Contingentes anuales que de manera continuada han ido estableciéndose desde el año 1993 (excepto 1996) y acogiéndose a los Procesos Extraordinarios.

Todos estos procedimientos han dado lugar a que entre los años 1985 y 2000 se hayan producido más de un millón de solicitudes de regularización de extranjeros en España, de las que únicamente algo más de 650.000 han sido atendidas, el 62,1%, de manera que los procesos de regularización,  pese a su bienintencionado intento, no han conseguido acabar con la situación de irregularidad de muchos extranjeros residentes entre nosotros, lo que permite afirmar a IZQUIERDO ESCRIBANO, A. que “el modelo migratorio español es, en lo fundamental, un sistema de inmigración irregular”[1], como se constata en los diferentes procedimientos, en los que más de la mitad de las solicitudes de regularización presentadas en los distintos Contingentes y más de un tercio de las que lo hicieron a los diversos Procesos Extraordinarios fueron denegadas.

 Que los procesos extraordinarios de regularización no cumplen con su principal objetivo es un hecho evidente. En concreto, el último Proceso Extraordinario de Regularización del 2000 y su ampliación en el de Arraigo dieron lugar a la presentación de 598.867 solicitudes, el número más elevado de cuantas se habían presentado hasta el momento, indicando que la presencia de indocumentados, pese a las diferentes medidas adoptadas sobre control y regularización de flujos, se ha convertido en permanente en España.

Resulta difícil evaluar el volumen de inmigración ilegal ya que su propio carácter clandestino impide conocer con certeza su magnitud. Una aproximación a la dimensión actual del fenómeno en España puede lograrse, mediante el análisis comparado de la información contenida en el Anuario Estadístico de Extranjería (Ministerio del Interior)  que recoge los extranjeros con Permiso de Residencia en Vigor al 31 del 12 de 2001 y los datos sobre residentes extranjeros reflejados en el Censo de Población a fecha del 1 del 11 de 2001, dado que las fechas de referencia de las dos fuentes son muy próximas. Cotejando ambas informaciones, se observa que entre el 1.572.017 residentes extranjeros en España del Censo y el 1.109.060 que tienen Permiso de Residencia del Anuario de Extranjería aparece una diferencia de 462.957 personas; este dato puede hacernos pensar que el 41,7% de extranjeros están sin documentar; parte de ellos, al menos 33.449, el 7,2% son nacionales de la Unión  Europea, por tanto no necesitan permiso para residir en territorio español; del resto 353.109, el 76,3%, son inmigrantes procedentes de los países extracomunitarios cuya contribución al conjunto de residentes extranjeros en España es más elevada.

Según los datos anteriores, se podría afirmar que al menos un 31,8% de los inmigrantes extranjeros se encontrarían en situación irregular, porcentaje que podría incrementarse hasta el 38% si se le añade el grupo de residentes que recoge el Censo bajo el epígrafe “Resto de países”. Por otra parte si se tiene en cuenta que la llegada de extranjeros de forma clandestina ha sido una constante durante el año 2002 a la vez que se acrecentaba la dificultad para obtener “papeles”, la cifra de extranjeros indocumentados debe situarse bastante por encima de estos cálculos. No se sabe cuántos, pero sin temor a equivocarnos, resulta verosímil  estimar que, junto a los residentes legales, viven en España entre un 40% y 50% más de extranjeros irregulares .

La composición de este grupo por origen, muestra la existencia de mas de 131.000 ecuatorianos, 111.000 colombianos, 32.500 rumanos, 27.000 argentinos, 16.000 búlgaros... inscritos en el Censo sobre los nacionales de estos países que según el Ministerio del Interior contarían con permiso de residencia en vigor,   frente a tan sólo 12.935 marroquíes y algo más de 32.000 del Resto de países; estos datos ponen en evidencia que ante la enraizada percepción popular del inmigrante ilegal como personificado en el que llega en patera o camuflado en camiones, sin papeles, procedente de África, hoy se impone la del falso turista que viene a través de los aeropuertos internacionales, originario de países iberoamericanos y secundariamente   procedente de la Europa del Este. Dicho de otro modo, el componente fundamental de la inmigración ilegal desde mediados de los años ochenta hasta el año 2000, estuvo integrado por inmigrantes africanos, en especial marroquíes pero también subsaharianos. El mayor control ejercido desde esta última fecha, sobre las entradas desde el Sur, parece haber surtido efecto, ya que el número de censados nacionales de estos países se aproxima bastante al número de los que cuentan con permiso de residencia, junto a ello también puede haber actuado la nueva competencia ejercida en el mercado de trabajo por los inmigrantes latinoamericanos. Por el contrario, la escasa intervención ejercida sobre las llegadas desde iberoamérica y países del Este de Europa, han propiciado un crecimiento espectacular de los inmigrantes de estos orígenes cuya condición irregular se mantiene ante la vacío de vías administrativas que posibiliten corregir esta situación.

Entre las causas que motivan la irregularidad hay que citar el incesante y tenaz incremento de llegadas, el distinto origen de los flujos que limita el control de entradas y permanencias, la existencia de redes organizadas que fomentan la llegada clandestina, la continua entrada y salida de la situación de regularidad por la caducidad de los permisos o la extinción del visado turístico, la lentitud en la tramitación y renovación de permisos, la práctica imposibilidad de parte de los irregulares de acogerse a ninguna vía de regularización por no reunir los requisitos exigidos o por la exigüidad de los cupos,  la existencia de actividades de economía sumergida, la naturaleza y estacionalidad de muchas de las actividades que realizan, la rigidez y lentitud en la contratación de extranjeros en origen, la existencia de empresarios poco escrupulosos dispuestos a utilizar mano de obra de bajo coste...

Las medidas aprobadas en Consejo de Ministros del 23 de Mayo de 2003 que constituyen la cuarta reforma de la Ley de Extranjería 4/2000, suponen en realidad la aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidaba 13 artículos del Reglamento que desarrollaba la última versión de la citada Ley. Esta reforma se anuncia como una vía para facilitar la inmigración legal y cerrar el paso a la entrada de la ilegal, validando los visados como permiso de trabajo y residencia a fin de agilizar los trámites que ponen trabas a la inmigración legal, y trata de reforzar las normas de control sobre las entradas, procedimientos de expulsión y sanciones.

Acabar con los inmigrantes irregulares que llegan a España a través de aeropuertos internacionales como falsos turistas se ha convertido en objetivo fundamental de la nueva política de inmigración, esta medida, en principio, parece ser consecuente para un mejor ordenamiento de las llegadas que deben ajustarse a la capacidad real de acogida del país, que no es ilimitada, aunque hay que tener en cuenta que si no se pueden dejar las puertas abiertas tampoco se deben cerrar totalmente. De forma simultánea se anuncia un mayor control de los residentes regulares e irregulares mediante la utilización de los datos de empadronamiento, se trata de convertir el padrón en un elemento de información más para atajar situaciones irregulares o condiciones de vida deficientes como el hacinamiento, la insalubridad, la falta de higiene etc. sin embargo, el carácter positivo de esta medida va a resucitar el tradicional recelo y resistencia de la población inmigrante sin papeles a empadronarse por miedo a ser controlada individualmente.

Enlaces de interés

Informe sobre la intergración de alumnos inmigrantes. Defensor del Pueblo

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sección: Migraciones

Ministerio del Interior. Permisos de Residencia

Mercado de trabajo, inmigración y Estado del Bienestar. Artículo publicado por FEDEA

España ante la inmigración. Estudio publicado por La Caixa

La inmigración extranjera en España. Los retos educativos. Publicado por La Caixa

Artículos sobre Inmigración y Racismo

Bibliografía

GÓMEZ FAYRÉN, J. Y BEL ADELL, C. (1997): “El proceso de regularización de magrebíes en le Región de Murcia a través de los permisos de trabajo”, Papeles de Geografía, 25, Universidad de Murcia.